En
relación a las labores iniciadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro el
25 de octubre de 2012 para “recuperar” el cauce principal del río Aragón en
Castiello de Jaca tras la crecida, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial
manifiesta:
-Que las actuaciones
planteadas e iniciadas (el cierre artificial de un cauce del río y la apertura
de otro, protección de márgenes y retirada de sedimentos del cauce), al margen
de su dudosa efectividad, suponen el destrozo irreparable del cauce natural del
río Aragón y de sus ecosistemas asociados. Pretenden “invalidar definitivamente”
un desvío natural de un río que simplemente ha demostrado cuál es su cauce. Son
actuaciones radicalmente contrarias a los principios de las directivas europeas
del Agua (2000) y de Gestión de los Riesgos de Inundación (2007), incumpliendo
también el Real Decreto 903/2010 de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación.
-Que dichas
actuaciones se han acogido al protocolo de “obras de emergencia” para no pasar
ningún tipo de control ni evaluación ambiental.
-Que, por mucho que se
actúe con las obras iniciadas, cuando acontezca otra crecida extraordinaria el
río volverá a tomar el camino más directo, que es el del cauce situado bajo la
urbanización, que seguirá estando gravemente expuesta.
-Que actuar contra el
río con defensas no va a solucionar, por tanto, el problema de la seguridad de
las personas y bienes, por lo que habría que proceder a ordenar la zona
inundable y reducir en ella la exposición humana, como exigen las citadas directivas
europeas. Que la urbanización “El Molino” está ubicada dentro del río, en
Dominio Público Hidráulico, y por tanto debería ser inhabilitada y expropiada,
y no habría que invertir ningún dinero público en su defensa. El Real Decreto
203/2010 recomienda retirar construcciones o
instalaciones que supongan grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la
consideración de utilidad pública. El texto refundido de la Ley del Suelo (RDL
2/2008) señala en su artículo 12 que los terrenos con riesgo de inundación
deben ser preservados de su transformación urbana y declarados suelo rural.
-Que como ciudadanos no
podemos admitir que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en lugar de velar
por la seguridad de las personas, trabajar por la calidad ambiental, gestionar
con responsabilidad las zonas de riesgo y hacer cumplir los principios de la
Directiva Marco del Agua y de la Directiva de Gestión de los Riesgos de
Inundación, esté vulnerando muy gravemente los principios fundamentales de
dichas directivas, manteniendo una situación de riesgo. Con esa vulneración,
que puede ser objeto de sanción desde la Unión Europea, se engaña a la
ciudadanía y se da un mal ejemplo de actuación.
Por
todo ello, solicitamos la paralización de las obras y la búsqueda de soluciones
de ordenación territorial que sí son seguras, cumplen la ley y pueden ser
evaluadas ambientalmente.
En
Zaragoza, a 26 de octubre de 2012.
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